Belén Vázquez Campillo: la siniestra verdad del “poder terapeútico” carcelario

El de Belén Vázquez Campillo es un caso extremo dentro de la situación de abandono sanitario en que se encuentran al menos 14.000 personas enfermas de hepatitis C presas en las cárceles españolas. Ella está cumpliendo condena precisamente en la UTE de Villabona, llamada “la cárcel de la esperanza” en la demagogia correccionalista esgrimida en tiempos de Zapatero por la “izquierda” de la partitocracia española, quizá para distinguirse superficialmente de la fracción derecha, con la que se ha alternado en el gobierno durante tantos años, compartiendo, además del negocio del poder, una política criminal y penitenciaria basada en el “populismo punitivo”, en el desarrollo de una “industria del control del delito” y en la exclusión material y formal de la condición de persona y neutralización física de pobres, migrantes, rebeldes y “enemigos”. Sin abandonar nunca esa estrategia de dominación, el partido del GAL y del FIES fomentó durante su anterior mandato “experiencias” como las “unidades terapeúticas y educativas” y los “módulos de respeto” donde se pretende implementar y justificar para el Estado y sus carceleros un “poder terapeútico” que atenta contra la dignidad de las personas sometidas a la “relación de sujección especial” penitenciaria en tanta o mayor medida que otras “experiencias”, como el Régimen Especial de castigo o los FIES, de las que no es más que la otra cara de una misma moneda. Belén es ex toxicómana, portadora de anticuerpos del VIH, con las defensas extremadamente bajas; sufre un papiloma de kilo medio; está enferma de hepatitis C y de cirrosis muy avanzada. Después de salir dos veces en coma hepático al hospital de la calle y cuando estaba siendo preparada para la administración del “sovaldi”, único tratamiento que podría salvarle la vida, prescrito por los médicos de la seguridad social, se encuentra con que la administración autonómica asturiana se niega a sufragarlo, por corresponder legalmente el gasto a la administración carcelera, que no dice “esta boca es mía”, quedando Belén en peligro de muerte, sin tratamiento y sin ninguna perspectiva de poderlo recibir.

Según los últimos datos oficiales, recogidos en el Informe de Prevalencias de las infecciones de VIH y hepatitis C en Instituciones Penitenciarias de 2013, en aquel año, el 21,3% de los presos españoles, unas 14.000 personas, tenían el virus, y además, uno de cada tres infectados por VHC también lo estaba por el VIH. Ocho personas presas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior a pesar de que la población reclusa había disminuido. Y la secretaría general de prisiones admitía que de todos los reclusos que han dado positivo por hepatitis C, sólo están tratando al 2,8%, es decir, a 209 internos. El gasto en tratamientos de hepatitis C ha bajado un 26,04%, entre 2013 y 2012 y un 48% desde 2006. Y cómo iba a ser de otra manera cuando la autoridad carcelera ha estado restringiendo esos gastos a base de prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescriban, ya no los fármacos de última generación, con una eficacia aproximada de un 90%, sino los que en la calle estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos eficaces que aquéllos, un 75 %; no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y una eficacia aproximada de un 50%, o someterse a larguísimas listas de espera que les permitan entrar en los “cupos” establecidos con criterios de ahorro presupuestario por quienes tienen encomendado legalmente velar por sus “derechos” a la vida y a la salud. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de gastos es que, sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se han centralizado en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con unos 370 metros cuadrados y muy pocas plazas, para un tratamiento que dura 48 semanas. Pero, cuando llegan allí, después de años de espera, el problema sigue siendo el mismo. Las administraciones no se ponen de acuerdo sobre cuál de ellas debe pagar el tratamiento, y al final, como siempre, los perjudicados son los pacientes. Además, por orden de las altas instancias de la administración carcelera, quedaban excluidas del tratamiento las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación de los criterios al respecto de la Agencia Española del Medicamento que afirman, en realidad, que la coinfección aumenta la urgencia del tratamiento.

En la calle, hasta hace muy poco, se estaban negando a los enfermos, por su elevado precio, que la multinacional farmaceútica “Gilead” se resistía a negociar, los últimos y más eficaces tratamientos. Se les estaban administrando los anteriores, todavía demasiado caros para que el sistema nacional de salud o el ministerio del interior estuvieran dispuestos a proporcionárselos a las personas presas. La escandalosa situación de discriminación y vulneración de los “derechos fundamentales” de la personas presas, precisamente por quienes tienen encomendada legalmente su “tutela”, fue denunciada en su día, por ejemplo, por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o por representantes de laSociedad Española de Sanidad Penitenciaria. “Los presos son pacientes de segunda que no tienen los mismos derechos que un paciente que esté en la calle. No se están dando los mismos tratamientos que en la calle. Y por lo tanto, el principio de equidad ha desaparecido” –decía uno de ellos. La evidencia era tan aplastante que hasta una “defensora del pueblo” tan fría en el ejercicio de sus funciones como la actual, para intentar salvar la cara, tuvo que reconocer en su informe anual que los nuevos medicamentos, “no estarían llegando a los presos”, que “hay un cierto número de internos” a los que les han sido prescritos estos fármacos por los especialistas, pero que “no lo estarían recibiendo” por razones de dinero, “pues la Administración penitenciaria considera que el importe económico ha de ser satisfecho por las comunidades autónomas, toda vez que se trata de fármacos de dispensación hospitalaria”. Interior se niega a pagar, las comunidades autónomas, lo mismo, y tendrán que decidir los tribunales. Y, como dice el informe de la defensoría, “entretanto, los internos enfermos no reciben el tratamiento prescrito y su estado de salud se deteriora”. Así que, por “motivos humanitarios”, pide a Instituciones Penitenciarias que “proceda al pago de tales fármacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones judiciales”. Ha tenido que reconocer también que Instituciones Penitenciarias “ha negado el fármaco a los reclusos coinfectados con hepatitis C y VIH, amparándose en que la ficha técnica de los medicamentos no lo contempla”, y ella misma recuerda que “la Agencia Española del Medicamento advierte de que en esas circunstancias es más necesario todavía”. Algunas sentencias judiciales han dictaminado también que en cuanto a “la dispensación y el pago, en ambos casos, el obligado es la Administración Penitenciaria, que debe dispensar esos medicamentos, dado que las competencias no han sido transferidas a las Comunidades Autónomas”.

Al menos aparentemente, ya que estamos en “año electoral” y ya sabemos a qué atenernos en cuanto a las promesas de los políticos, algo ha variado la situación desde entonces. A finales de marzo el ministerio de sanidad proponía a las comunidades autónomas un “plan estratégico contra la hepatitis C” que era aceptado por casi todas, para atender con los nuevos fármacos a 52.000 enfermos, de los 900.000 que según las organizaciones de afectados hay en el territorio del Estado español, en los próximos tres años. Se hablaba de un sistema de financiación a crédito todavía “por discutir” y de pactos con los laboratorios farmaceúticos de ir bajando el precio a medida que la demanda vaya siendo mayor. Un medio en internet anunciaba a primeros de abril que interior había decidido “seguir los pasos de sanidad” y había gastado un millón en los nuevos fármacos. La situación de Belén Vázquez pone a prueba la credibilidad de todas esos anuncios y de todas las “personalidades” e instituciones implicadas. Al principio, cuando se puso en circulación la noticia, hace un par de semanas, todo era indiferencia burocrática y “silencio administrativo”. Los responsables “terapeúticos” de La UTE de Villabona decían que el asunto no era de su competencia, la subdirección médica carcelera que “las reclamaciones, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria”, éste aún no se ha pronunciado. Belén fue trasladada otra vez por los servicios médicos carceleros al hospital de la calle, pero a la planta de psiquiatría, para ser medicada con neurolépticos, después de calificar de “brote psicótico” el estado de miedo y cólera en el que se encuentra, totalmente natural y lógico, dada su situación. Le enviaron sin la menor información sobre su estado general, de manera que el patólogo del mismo hospital que había hecho su diagnóstico hepático y prescrito la medicación que luego no quiso financiar la autonomía asturiana ni siquiera sabía que su paciente había vuelto a ingresar y los psiquiatras ignoraban el estado de su hígado hasta el punto de prescribirle medicaciones que pueden ser peligrosas para el mismo. Esa es la situación ahora, Belén está en la sección penitenciaria del hospital, custodiada por la policía, negándose a someter su ansiedad e indignación a una camisa de fuerza química, y aún no se sabe nada de su posible tratamiento hepático. Ante la modesta publicidad lograda en algún programa de radio y algún otro medio marginal en internet y, sobre todo, ante la insistencia de los familiares, se han obtenido algunas… promesas. Fuentes penitenciarias oficiosas dicen que se va a proponer a Belén para ser clasificada en tercer grado y puesta en libertad condicional por enfermedad terminal: una buena manera, también a nuestro juicio, de librarse del problema. El presidente de una federación de asociaciones de afectados dice que ha hablado con todo el mundo y que el medicamento ya está listo. Ya lo creeremos cuando lo veamos. Algún medio de comunicación se ha interesado por el tema. Una abogada se ha hecho cargo de iniciar las solicitudes legales correspondientes ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y demás instancias responsables, pero ya sabemos que “las cosas de palacio van despacio”. Mientras, hay que aumentar la presión, demostrar que hay cada vez más gente atenta a la situación de Belén, por si los responsables se avergüenzan de su negligencia a la hora de garantizar como deben el derecho a la vida y a la salud de una presa y les motiva algo pensar que el espectáculo de su inhumanidad, a la vista de todo el mundo, puede ir en contra de sus intereses.

tokata.info

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