COPEL, problema de Estado. Conclusión

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Estamos tratando de una lucha anticarcelaria histórica e ideológica desde dentro de las cárceles, protagonizada por los presos franquistas. Probablemente sea la más difícil de las luchas sociales, muy suicida, porque el combate del preso contra el Estado lo fleta una clara desventaja, de todas las inferioridades posibles. El combatiente prisionero tuvo la iniciativa y la capacidad de sorprender, de jaquear, de promover publicitariamente sus carencias sociales como víctima por discriminación y abusos, pero esa desventaja fue también responsable de su derrota en cada lucha por el atrapamiento entre altos muros coronados por garitas de vigilancia con gente armada, más los ejércitos policiales o de cualquier tipo externos a los recintos penitenciarios. Cada derrota parcial por cada uno de los amotinamientos significaba la previsible derrota total del movimiento de lucha por las erosiones y pérdidas que peleas tan desesperadas ocasionaban en el ánimo y en la fuerza de los combatientes. Aún así, con perspectivas tan borrascosas, la COPEL protagonizó un gigantesco reto al Estado franquista en los años 1976, 1977 y 1978. No existe en el mundo una lucha de estas características, organizada por presos, ni siquiera parecida, respecto a la intensidad explosiva y a la continuidad en el tiempo. Respecto a la intensidad, puede verse en las hemerotecas o en alguna recopilación especializada y publicada por historiadores de la verdad, mientras que los historiadores borbónicos o pseudoepecialistas de la Transición ocultan estos tremendos sucesos, lo cual es mentir por omisión. Por su extensión en el tiempo, recortaremos a dos años la iniciativa de la lucha por los derechos humanos, 1977 y 1978 porque los años siguientes con la COPEL viva la iniciativa partió del Estado, con los aislamientos y torturas intensas para los copelianos, para que con el dolor físico y sensorial provocado las víctimas del franquismo desistieran de su ideología de la justicia. Si sumamos a estos dos años la etapa de de la lucha de los presos sociales antes de dotarse de un nombre identificativo en el mismo ámbito de la cárcel de Carabanchel, periodo que hemos llamada COPEL DE HECHO, la intensidad de la lucha y la duración en el tiempo supera los dos años de lucha por las libertades públicas. Los años siguientes a 1978 las luchas de la COPEL no pudieron ser colectivas, reducidas a la individualidad por el fermento ideológico de los combatientes, defendiéndose de las agresiones por medio de la autolesión o la mutilación, retomando aquella lucha histórica de la COMPASIÓN para frenar al verdugo ante la tragedia sangrienta o lesionada que tenía delante, con las variables explícitas o implícitas de las reivindicaciones de la COPEL, con salidas extremadas a los hospitales de la calle.

Los miembros de la COPEL fueron extraordinariamente valientes, alimentándose con su propio dolor. Éste les daba una fuerza rotunda: el drama que no puede agonizar porque se reactiva en la personalidad inamovible marcada por el sufrimiento. En suma, no se sentían culpables de crímenes o delitos, sino víctimas conscientes de los criminales usurpadores primarios y luego víctimas de los usurpadores heredados. Esta convicción de su propia realidad viviente era la ideología. Es por ello que la COPEL nunca se identificó con las doctrinas políticas existentes, militaba en el antifranquismo y por los derechos humanos, estando más cercano a estas luchas el movimiento libertario porque los anarquistas fueron los únicos que organizada, individual y públicamente apoyaban a los presos, capacidad de comprensión humanitaria que no encontraron en otras ideologías políticas, con alguna excepción coyuntural o reflexiva de no discriminación a unas víctimas del franquismo de las otras víctimas. Por lo común, a los marxistas con poderes parlamentarios o locales la COPEL los sentía carceleros, porque estaban comprados con las subvenciones franquistas y necesitaban que las cárceles suyas, o casi suyas, contuvieran culpables, los del franquismo, no teniendo escrúpulos para apoyar los encarcelamientos de las personas más inocentes. A pesar de las facilidades de comprensión que dieron los libertarios, la COPEL mantuvo siempre su ideología, la de los desvalidos y huérfanos sociales.

Hasta el motín del 18-07-1977 la COPEL tuvo cierto apoyo de la prensa innovadora, que recogía todas sus demandas de los comunicados, permaneciendo neutra o sin hostilidad a las víctimas del franquismo. Luego, ante la evolución por contaminación de las luchas desde la cárcel de Carabanchel a todo el espectro carcelario, esa prensa se volvió hostil, dando más importancia a los destrozos de los materiales carcelarios que a los seres humanos perseguidos por el antiguo régimen y por el actual. La nueva prensa innovadora se equiparó a la prensa franquista que seguía presente y actuante.

Por ello es conveniente, en este apartado, discernir que la propaganda totalitaria no necesita convencer para triunfar, porque la verdad no es su objetivo. El verdadero objetivo de la criminalidad aposentada en el Estado es causar el desaliento de las personas, persuadir a todo el mundo bajo su jurisdicción de su impotencia para establecer la verdad en su hábitat y de la inutilidad de cualquier intento de oponerse a la difusión de la falsedad. El objetivo de la propaganda fascista o marxista es conseguir que las personas renuncien a contradecirla, que ni siquiera tengan ese pensamiento. Es así porque la propaganda franquista, o de cualquier otro régimen totalitario o criminal, obedece al pistolón. La propaganda innovadora de la transición al borbonismo dio un giro espectacular para desatender a las víctimas del franquismo, porque en lugar de estar bajo el yugo del pistolón estuvo y está bajo el mando del talón bancario, que es el totalitarismo enmascarado, obediente a las dos corrientes políticas de relevo gubernamental, no a una sola como lo era el franquismo. Así consiguieron que la gente no pensara que la mayoría de las víctimas del franquismo quedaban en la cárcel.

El Estado borbónico, con sus colosales mecanismos económicos y de represión, pulsó y triunfó presentando al mundo una transición española “pacífica” y “modélica”, a todas luces falsa por testimonios y documentación, sufriendo las instituciones continentales la contaminación franquista, sobre todo las políticas, especialmente en Europa, con las excepciones que desconocemos. Las instituciones internacionales no pidieron pruebas fehacientes de la transición de la dictadura a la democracia, dando por válida la palabra de los franquistas y sus agregados, cuya práctica era la permanente violación de los derechos humanos que debía subsistir para siempre. Desde 1977, por la inveraz reconciliación nacional, ante la violación de las leyes orgánicas, el franquismo es la única dictadura que pervive en el mundo por la ideología de sus efectos, proyectados hacia el exterior permanentemente desde España. Este es el éxito del fracaso.

Desde el día 18-07-1977 hubo una sucesión de motines incruentos en la geografía penitenciaria española, destacando que en cada centro penitenciario crearon una COPEL autónoma con asamblea propia, con decisiones e luchas propias, tomando de la COPEL de Carabanchel sólo la ideología reivindicativa con el espíritu de lucha inicial. La COPEL nunca estuvo centralizada, no hubo órgano directivo, porque los focos de lucha fueron realizados con la independencia de cada comunidad que presentaba las demandas compartidas.

Con fecha 15-10.1977 se proclamó la Ley de Amnistía, que incluyó delitos de sangre y de estragos. Se entiende por amnistía política la que alcanza todos los actos de esa intencionalidad, vengan de donde vengan, pero a los presos sociales, víctimas de la política estafadora e infrahumana del franquismo, les excluyeron de ese reconocimiento, mientras que sus verdugos fueron condonados en masa. Vista esta violación de la Ley Orgánica 46/1977 por su artículo primero, se aprecia una segunda violación de la Ley de Amnistía por su artículo segundo: los crímenes del franquismo, llamados delitos y faltas, dejaron de existir por su condonación, pero como esos crímenes terroristas los dejaron vivos en sus víctimas y siguen actuantes ahora, el derecho orgánico se violó y viola masivamente en el tiempo ante el impecable interés del fascismo que establece su arbitrariedad indestructible. Reiteradamente es la dictadura quien permanece por sus víctimas, el franquismo que nunca prescribe en España.

En 1977 el ministro franquista Rodolfo Martín Villa quemó toneladas de documentos de los archivos ministeriales, incluidos los de los acuartelamientos y comisarías de policía, dependientes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobernación. El incalculable destrozo de la historia de España tuvo por finalidad privar a las víctimas del soporte documental, impidiendo la defensa de los perjudicados. Los archivos de las organizaciones políticas opositoras no pudo destruirlos porque eran privados. Mayoritariamente el Gobierno destruyó la documentación correspondiente a las víctimas individuales: asesinatos, lesiones, encarcelamientos gubernamentales arbitrarios, secuestros extrapenitenciarios, violaciones, chantajes, mutilaciones, paseos públicos atados con cuerdas, arrojamientos de viaductos y otros. De las personas que fallecieron tiroteadas en las calles o en sus domicilios, en comisarías y cuarteles por las torturas, en las cárceles por tormentos, o en los hospitales a consecuencia de gravísimas lesiones no hay documento alguno que acredite el terrorismo de estado masivo, para que los familiares de las víctimas no tengan la oportunidad de discutirlo, aunque siempre puede existir algún testigo sin archivo y sin organización que puede recordar que aquella persona no falleció en la detención por infarto u otra excusa ofrecida por los asesinos. Un gobierno que realiza una transición pacífica y modélica a la democracia destruyendo la documentación de los crímenes sólo puede ser un gobierno criminal, por la complicidad explícita con los abusos más sangrantes. La humanidad también ha perdido un patrimonio universal, por la destrucción de sucesos históricos protagonizados por un gobierno al servicio de los delincuentes.

1978 se inauguró con explosión de motines, igual que había terminado 1977. Para acabar con las revueltas generalizadas, el Estado podía entrar a saco masacrando a las víctimas del franquismo u optar por una dura represión sin sangre que le permita, sin alarmismo nacional e internacional, ocupar un espacio en el continente del derecho, que es la meta propuesta o acordada por la conjura borbónica. Incorporamos aquí que todas las personas encarceladas en 1977 y las que entran en 1978 son presos borbónicos, que nada tiene que ver con los preso franquistas, porque en sus circunstancias han tenido derechos que los franquistas no concedieron a sus presos, y por ello es necesario destruir la documentación franquista. Estos nuevos presos borbónicos están fuera de los plazos temporales de la Ley de Amnistía, que concluyeron a mediados de diciembre de 1976, restando fuerzas progresivamente a la COPEL.

En la primavera de 1978 muere por torturas el preso social de la COPEL Agustín Rueda Sierra, mientras que otros miembros de la COPEL salen al hospital de Madrid para ser atendidos de sus lesiones por torturas. Los carceleros de tropa y de rango de Carabanchel justificaron los tormentos para la averiguación de los participantes en un túnel de fuga que no tenía salida. Era tan grande el clamor por este asesinato, a todos los niveles, que el Estado decidió que nunca más se conociera un caso nuevo de asesinato de estas características, a pesar de haber muerto por tortura en la cárcel hasta hoy un número incontable de prisioneros, algunos por inasistencia médica, bien tapados los crímenes por el aparato político, el judicial y el forense. A los pocos días del asesinato de Agustín Rueda, el grupo estalinista armado GRAPO asesinó ametrallándolo al Director General de Prisiones, Jesús Haddad Blanco, reivindicando el asesinato de Agustín Rueda en la cárcel por torturas. El GRAPO no tenía que ver con la COPEL, pero al tener encarcelados de su grupo político y de su grupo armado, la acción mortal contra el director General fue por oportunismo y para persuadir de que sus presos no tuvieran esa desgracia, que fue causa de ese llamativo atentado. En la mentalidad franquista, si la COPEL no hubiera existido, se hubieran evitado dos muertes. Pero más racional sería pensar que si el mundo civilizado no hubiera permitido la dictadura franquista, el genocidio no se hubiera producido y, al no existir presos franquistas, la COPEL no hubiera surgido desde las ruinas humanas de la dictadura.

De improviso, en 1978, Carabanchel y otras cárceles son infectadas por la heroína. Era tanta la cantidad de droga introducida por los ordenanzas y confidentes de los carceleros que provocó un colapso en la convivencia. Costaba más el alquiler de la jeringuilla para inyectarse que una dosis del tóxico. En Carabanchel, los presos afilaban en las superficies más lisas del cemento de la cárcel las agujas de las jeringuillas que por su utilización habían perdido el filo practicante. Paralelamente, el Estado había infectado de heroína los grandes barrios de Madrid: Centro y Malasaña, Argüelles, Tetuán, Vallecas, Carabanchel y otros. Entraban abundantes presos borbónicos con el síndrome de abstinencia en Carabanchel y el resto de las cárceles provinciales. El sistema político consolidaba artificialmente la alarma social. En la calle, las drogas fueron distribuidas por algunas fuerzas de la seguridad del estado y confidentes, todos al mando del ministro falangista Rodolfo Martín Villa. Era una guerra sucia contra la juventud más combativa, que luchaba por la ruptura con el franquismo, por crear espacios vitales y solidarios de convivencia. El estado no dudó en envenenar a la sociedad –porque en la heroína caía cualquier joven de cualquier clase social: hijos de militares, de falangistas, de profesionales y sobrinos de curas– con la finalidad de destruir a los movimientos sociales y a la COPEL. El consejo de ministros no podía ser ajeno, porque era el impulsor. Los partidos políticos parlamentarios no podían ser ajenos a la gran alarma social ocasionada por la intoxicación, por los efectos de la violencia entre los ciudadanos consecuencia de los síndromes de abstinencia de las drogas y por la avalancha de detenidos y prisioneros por esas circunstancias. Magistrados y jueces, todos franquistas, protegían su estatus ideológico y de privilegio, no cuestionando la causa del destrozo social. La prensa, que se había posicionado a favor de la dictadura por el desamparo al que sometió a la mayoría de víctimas del franquismo, era consciente y también responsable, por omitir las fuentes de ese envenenamiento químico en la sociedad. La experiencia lesiva llegó de los EE.UU. En la década de los años 60, la CIA había contaminado con la heroína al movimiento alternativo que pregonaba “HAZ EL AMOR Y NO LA GUERRA”, evitando su extensión, incluso anulándolo, porque su crecimiento hubiera supuesto la amenaza no marxista del capitalismo. Las relaciones internacionales de los estados sirven, como en este caso, para compartir las experiencias destructivas de las masas o movimientos importantes de oposición, de cualquier oposición pacífica o coherente. Ya en este siglo XXI, muy a destiempo, alguna personalidad política de nuevo cuño a denunciado a la policía española narcotraficante de aquella época en el País Vasco.

El cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo era un gigantesco depósito de distribución de la heroína en Euskadi, extensivo al territorio nacional. Las demandas de querellas policiales contra los denunciantes han sido frustradas en la previsión de que no salgan más pruebas y más testigos de ese evenenamiento masivo de los gobiernos de la Transacción. Algún mando policial, identificado por nombre y actividad profesional, también ha denunciado el tráfico de heroína por parte de los defensores del Estado. El poder judicial no ha querido perseguir a los denunciantes por injurias y calumnias porque considera más útil que el terrorismo de Estado de la memoria histórica borbónica quede en secreto. Siempre observamos que los jueces tienen gran agilidad para perseguir a los pobres y violar las leyes orgánicas.

Antes de los asesinatos de Agustín Rueda (preso de la COPEL que había entrado en prisión por actividad anarquista organizada) y de Jesús Haddad Blanco, como represalia, 500 prisioneros de la COPEL fueron aislados en el penal de El Dueso, en celdas que carecían de servicios sanitarios, con una lata para evacuar. El nuevo director general, Carlos García Valdés, les consideraba los más capacitados de los presos en lucha, pretendiendo parar la revolución en las cárceles franquistas. La conflictividad con manifestaciones extremas, no violentas contra las personas, continuó por decisión de las asambleas autónomas de las cárceles, en la mayoría de las provincias. Paralelamente, desde los concentrados en El Dueso partieron consignas de lucha colectiva en fechas indicadas, como autolesiones masivas, que fueron ampliamente cumplimentadas. En esas fechas, el Estado había concentrado, de retén, a docenas de enfermeros y médicos en las prisiones para atender a los lesionados.

Para desmovilizar la lucha antifranquista dividiendo, García Valdés (y siguientes) se valieron del sexo en los matrimonios por buena conducta, la concesión de permisos de salida inmediatos, las cárceles abiertas y las libertades a condición. Los crímenes franquistas eran intocables.

Aparte de los 500 presos simbólicos concentrados en El Dueso, otros presos en lucha permanecieron aislados en penales de gran dureza disciplinaria, con un trato salvaje, como Huesca, Cartagena, El Puerto de Santa María, Ocaña y Burgos. En estos últimos, la policía antidisturbios ocupaba los celulares. Daban palizas colectivas diariamente. Cada copeliano ocupaba una celda completamente vacía, sin sus pertenencias y sin papel y bolígrafo, impidiendo las denuncias. Abrían las celdas para el patio y cada prisionero franquista tenía que pasar por una doble fila de antidisturbios, golpeando a las víctimas con las porras de goma, patadas y pisotones. Al regresar del patio, otra paliza por el pasillo de las torturas. Algunos días eran dos salidas obligatorias al patio, contabilizando cuatro palizas cada 24 horas. No era el salvajismo del Hospital Penitenciario, centrado en la rotura de caras y cabezas, pero a los morados y verdugones en la piel se sumaban las nuevas marcas de las palizas en días seguidos de sufrimientos físicos, impidiendo el sueño por el dolor intenso del cuerpo sobre la parte lesionada pues, al tumbarse en el jergón facilitado por la noche, se reanudaban las sevicias.

El desalojo de la COPEL de las grandes prisiones provinciales provocó un efecto perverso. De los presos borbónicos salieron mafias que robaban los peculios y la comida de otros presos borbónicos recién ingresados o que estaban solos. Y los violaban. Los esclavizaban. También cometieron asesinatos y arrojamientos al vacío desde las plantas altas, por caída libre sin barreras. La convivencia en las cárceles provinciales de presos preventivos fue pulverizada por la heroína, con la que el estado intoxicó al pueblo. Con la COPEL, o presos franquistas organizados, no se daban los abusos entre prisioneros. En todo caso, la ideología humanitaria y la conciencia de víctima había sido el arma eficaz que anuló cualquier poder abusivo en aras de una convivencia sólida, que podemos llamar comunal, afectuosa y solidaria.

En diciembre de 1978, se proclama la constitución española (CE). Ante la alarmante entrada de presos borbónicos condicionados por la heroína gubernamental, calculamos que en las cárceles franquistas pudiera estar al 50% el reparto poblacional con los presos de la dictadura. Una parte de los prisioneros franquistas habían cumplido sus penas con la suma final de los años 1976, 1977 y 1978, ayudados por los indultos gubernamentales. Un indulto del 25% era realmente ridículo si observamos que la pena uniforme por robo simple era de 12 años de prisión, teniendo en cuenta que las columnas represivas franquistas eran muy eficaces para resolver sucesos auténticos o inventados, que tres penas ordinarias sumadas por falsa seguridad estaban en 36 años de cárcel, contando con la pena de 12 años por cada una de ellas: rotura de un cristal, de una cerradura, de una puerta, o por no romper nada en las causas de falsificación penal. Los presos franquistas estaban mermados por las intensas torturas, desmovilizando a parte de los miembros de la COPEL. La heroína había causado sensibles bajas. Y por la explosión de beneficios penitenciarios puesta en práctica por el director general García Valdés, los permisos de salida, cárceles abiertas y libertades a condición, el núcleo de lucha por los derechos humanos volvía a reducir sus miembros y dejaba a los que quedaban psicológicamente impotentes ante la desmoralización por las intensas luchas sin resultados y la represión infame que vivían cada día. Aunque algunos presos individualmente seguirán luchando hasta bien entrada la década de los ochenta, el año 1979 será el desplome total de la COPEL como organización política antifranquista. Con el escarnio final que sufrieron las víctimas en la cárcel modular de Herrera de la Mancha, a golpe de marchas militares con todo tipo de humillaciones escalofriantes y sevicias individualizadas en frío de los presos aislados, con humillaciones a los familiares y abogados de los represaliados, concluyó esa etapa histórica con la destrucción final de los restos del colectivo de la lucha antifranquista en las cárceles borbónicas. Como muestra de las oleadas de crímenes borbónicos invisibilizados en la etapa de García Valdés, a un miembro de la COPEL, que fue restaurado en el hospital por las torturas sufridas en compañía del asesinado Agustín Rueda Sierra al que había visto en la agonía antes de su fallecimiento, le obligaron a comerse a trocitos las copias de las denuncias referentes al asesinato en las celdas de los condenados a muerte de Carabanchel. A otro torturado con Agustín Rueda le forzaron a desdecir sus denuncias resumiendo que los carceleros no habían matado a palos a Agustín Rueda, sino que fue la COPEL quien asesinó a su compañero en esas tenebrosas celdas inaccesibles a los presos, por lo que las torturas sufridas por el denunciante tuvieron que hacérselas los médicos del hospital. Aunque el asunto de Agustín Rueda volvió a su cauce, estos dos ejemplos son muy ilustrativos de la inhumanidad precipitada sobre la víctimas del franquismo, por la anulación generalizada de los derechos humanos en las cárceles.

Cuando se proclamó la Constitución española, en las cárceles estaban revueltos los presos franquistas y los borbónicos. Quienes no habían tenido abogado en las declaraciones policiales y judiciales convivían en las celdas con quienes habían tenido ese derecho. El derecho aplicado puede garantizar la verdad del suceso, pero su no aplicación sólo garantiza sin discusión la verdad del verdugo: Por las circunstancias de abusos policiales y judiciales reiterados contra los pobres descritos en capítulos anteriores, la proclamación de la CE de 1978 era la amnistía jurídica. Las causas penales iniciadas o concluidas con la violación de los derechos humanos son incompatibles con la ley que reconoce esas garantías y las protege. La CE se violó masivamente porque el franquismo permanecía. La Columna Judicial Franquista estaba pura e intacta. No vinieron jueces del exilio a ocupar las plazas de jueces y magistrados. Los mismos fascistas secuestradores que habían destruido el derecho a la verdad se ensañaban nuevamente con sus víctimas. En la práctica eran jueces licenciados en inhumanidades, aplicando la carcasa jurídica. Con el martillo del estrado cortaron el verso para que el socorro por la palabra dejara de existir. Son los jueces deshonestos abanderando orgullosos sus felonías, jactanciosos, cínicos, inmorales, degradados, compulsivos de la formación de crímenes en otros jueces para la servidumbre, que en su mayoría viven del robo de la vida ajena. Nunca hubo una lucha seria contra la corrupción masiva de los jueces franquistas, que el juez borbónico ha heredado utilizando el camuflaje. Ni siquiera se ha realizado una lucha intelectual de denuncia contra las togas maldicientes borbónicas, ni investigación documental de las mismas, existiendo múltiples episodios que descubrirían públicamente a las bestias incivilizadas con poder sobre la vida, la libertad y la economía de las personas. Es el pueblo oprimido quien debería de juzgar al juez para hacerle sentirse humillado, avergonzado, deshonrado, anormal y maldito.

En 1977, la COPEL había comunicado públicamente:

“La COPEL considera que como marginados sociales por haber sido juzgados y condenados impunemente por leyes injustas y unos tribunales de justicia discriminatorios, represivos y abiertamente fascistas, tenemos el derecho a la concesión de una amnistía general que suponga la igualdad de oportunidades para participar en la constitución de un sistema más justo.”

Las administraciones penitenciarias iban contra los miembros de la COPEL de todas las formas posibles. Si una víctima del franquismo tenía una pena de 6 años y otras dos de 12 años, los torturadores ejecutaban primero la de 6 años, en lugar de dar el beneficio habitual de la refundición de las penas, sumadas todas, 30 años de cárcel. Es fácil de explicar este crimen administrativo de espaldas a las víctimas: al aplicarle cumplida la pena menor, de 6 años, el prisionero perdía 4 o 5 años de la prisión preventiva inicial, por no estar refundidas, empezando a cumplir los 24 años restantes como si fuera un preso borbónico. El preso perseguido perdía la redención generalizada de los dos días reales de prisión computables por tres días y, al robarle casi un tercio de los beneficios estandarizados, los carceleros alargaban por su cuenta la pena de cárcel, previsiblemente con la complicidad de la Columna Judicial Franquista. Por no refundirle las penas, también se resentía el beneficio de la libertad condicional que correspondía a una cuarta parte de la pena refundida, perdiendo la condicional de los seis años abonados por separado, perjudicando los presos franquistas que luchaban por los derechos humanos. Era la Alta Delincuencia Oficial Organizada (ADOO) quien determinaba y determina el castigo sistemático a los denunciantes.

En julio de 1983, el borbonismo aplicó las llamadas popularmente “cuantías”, sobre el artículo del Código Penal franquista relacionado con la pena en proporción a la cantidad económica sustraída. Las desproporcionadas penas de 12 años y 1 día (también se veían penas de 20 años por robo simple) por coger una gallina en corral ajeno, una mesa de un salón o un aparato de radio de una tienda, con fractura de cristal o cerradura, fueron reducidas a 6 años de cárcel. Un grupo de víctimas del franquismo recuperó la libertad en el verano de 1983. El espíritu de la COPEL estaba vivo por esta reivindicación. Se violentó la CE casi cinco años más desde su promulgación ante la vigencia penal de la desproporción franquista, por la existencia muy visible de la ADOO en el Estado borbónico despreciando los derechos humanos.

Sin poseer datos objetivos, creemos que en las cárceles borbónicas hubo presos franquistas hasta el siglo XXI. En la década de los noventa, Antonio Celdrán Jara residía en la penitenciaría de Burgos: este preso franquista se buscó la libertad por varias fugas, siendo reiteradamente condenado por todas ellas. La sistemática violación de la Ley de Amnistía de 1977 y de la amnistía jurídica de 1978 causaba estragos en las víctimas y en los derechos humanos.

Por la prensa se leía que en la conjunción de la década de los setenta con los ochenta, sobre todo en ésta, Juan Carlos de Borbón daba voces por el mundo diciendo que en España se representaban y defendían los derechos humanos. Los presos franquistas se preguntaban: “¿Y esa cosa qué es?”, no por los derechos humanos, sino por el heredero del militar genocida.

Los gobiernos de Felipe González se olvidaron de las víctimas del franquismo, pero no de conceder la medalla de oro al mérito policial a violentísimos torturadores franquistas. Esos gobiernos crearon los escuadrones de la muerte, llamados GAL, que torturaban, secuestraban y asesinaban a la oposición política armada y desarmada, como así mismo a personas sin relación, incluso invadieron otros países ajusticiando a extranjeros que nada tenían que ver con la política española. Estos gobiernos desatendieron a las víctimas del franquismo, a pesar de que la COPEL seguía viva por sus reivindicaciones humanitarias, porque la ADOO nunca abolía el lastre de las leyes de la dictadura.

Hasta 1996, la COPEL seguía viva por sus reivindicaciones. Las jurisdicciones especiales del franquismo no estaban abolidas: la Ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social, más el desacato. Fue el belicista José María Aznar quien consideró finalizado este cuerpo legal de la dictadura en 1996, dieciocho años después del incumplimiento de la amnistía jurídica. La Ley de Vagos y de Peligrosidad Social, en los casos en que no hubiera actividad penal, se aplicaba en base a prejuicios de los privilegiados: a quienes resultaban molestos por pobreza, no tener trabajo o domicilio, embriaguez –existiendo Osborne–, espectáculos económicos callejeros –con o sin cabra o perro–, prostitución o su sospecha, con macarrismo o su sospecha, juego o su sospecha, por frecuentar zonas delictivas –ministerios y juzgados– o tener antecedentes sin garantías de veracidad, por rufián sin capital o empresa, por homosexualidad o su sospecha, o simplemente por la imagen que alterara “las buenas costumbres” burguesas, militaristas y religiosas. En el supuesto de delito penal, por una sola causa se cumplían dos penas de cárcel. El juzgado de vagos condenaba muy rápido, antes que el tribunal de instancia, de modo que nunca podía existir la absolución para no desautorizar al colega de vagos y maleantes, encargado de reclutar para el trabajo esclavo en la cárcel, y porque la vida robada a las víctimas no la podían restituir. Esta jurisdicción especial imponía tres penas en la misma sentencia: la de cárcel; la imposición de no vivir en el domicilio familiar o paterno, que causaba gran alarma social y carne de cañón, porque los pobres sólo tenían un lugar para vivir; más el control de la víctima, periódicamente vigilada y presentada durante varios años. Por ser una ley aplicada exclusivamente contra la pobreza, las víctimas no tenían medios para sacar un pasaporte clandestino o en secreto, huyendo de los terroristas. Si esta ley dictatorial se anula en 1996, todo el periodo de su vigencia, antes y después de la muerte de Franco, es exactamente la dictadura por el vigor actuante de la Ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social.

Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se crearon para vigilar y corregir los abusos de los carceleros, pero, salvo excepción de algún juzgado o audiencia, en la práctica cotidiana sirven para ocultar y blanquear los abusos y torturas, dejación médica y abuso de los carceleros. En todo caso, pertenecen a la ADOO, porque nunca auxiliaron a las víctimas del franquismo.

Cuando se le moría un padre o una madre a un miembro de la COPEL, la ADOO hacía todo lo posible para que la víctima del franquismo no pudiera ver por última vez a su familiar. Era un odio institucional comparable al asesino de fosas. La destrucción intencionada del amor filial. La sensibilidad marcada a fuego con los hierros de la incomprensión, una acumulación de erizos bajo las plantas de los pies. Una campana atronadora, imposible de silenciar mientras haya vida, porque nunca es posible olvidar el daño real intenso repiqueteando su dolor por las personas que más quieres y que jamás volverás a ver. Por ello, el perseguido siente que es más humano saludar a un buitre carroñero que a un buitre negro togado, porque al ver a esa cosa negra con una sentencia en la mano la humanidad se impresiona ante la evolución de las ratas. Nadie ha visto a una rata leer un libro de historia.

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