Rebeldía y ley de fugas

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Cualquier persona que esté en rebeldía judicial esta cometiendo un delito permanente. El Juez ordena la busca y captura del rebelde, que es la pena de detención por declaración de culpabilidad. Esta pena de detencion se produce por la desobediencia del fugado o desaparecido ante su responsabilidad forzada con la ley, que puede ser incomparecencia al juzgado voluntaria o no, incumplimiento de condena voluntario o no, o quebrantamiento de la misma. Cuando la policía aplica la ley de fugas con muerte a una persona, porque esta tiene reclamaciones judiciales verdaderas o no desmentidas, basadas en sucesos verídicos o falsificados, los medios de información generalistas y los historiadores no averiguan sobre los derechos humanos de la víctima, considerada delincuente sin más, porque los muertos no hablan, respaldando la pena capital sin la existencia de esa firmeza por sentencia, o que la supresión de la vida no exista en el derecho ante los múltiples asesinatos en los primeros 15 años del borbonismo. La razón es bien sencilla: ha muerto un delincuente, un enemigo de la sociedad. El consenso de estabilidad del fascismo consiste en excluir de la convivencia a personas consideradas y etiquetadas enemigas. El franquismo de la falsificación del enemigo no es residual, pertenece al modo de vivir de la Administración. y la fulanidad publicitaria por falta de ruptura con los criminales históricos y gran ausencia ilustrativa. Este anatema cobardemente insultante del enemigo sin recursos nunca es riguroso por acientífico, trata de buscar fáciles culpables asumidos por una sociedad embutida en la desinformación o malformación, que a la par esta desvinculada del suceso especifico facilitando una alarma que la gente de bien nunca admitiría, por no asumir la disconformidad con el publicitado delincuente y que por su doble efecto efectista apuntala al estado que sabe defender al mundo de los “criminales” pobres, solo porque lo ha dicho desde el poder la parte interesada. Que el “delincuente”, matado o no, sea víctima del sistema discriminador por circunstancias personales o montaje, eso no cuenta: prevalece la publicidad de enemigo del pueblo. Al débil social le toca sufrirlo. Este perverso chip social adhesivo lo mantiene perverso por vigencia ahora la dictadura franquista. 

Visitamos el día 25-03-1975. Estamos en la calle Valverde nº 40 de Madrid. José Fernández Martín murió por ley de fugas y la coartada para asesinarle fue el decreto judicial de rebeldía con detención y captura. Fernández tenia antecedentes penales franquistas, pero las busca y captura correspondían a denuncias de terceros arrancadas bajo tortura en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Los denunciantes de Fernández sufrieron violencias insostenibles en secreto cuantos días les convino a los verdugos por falta de control en las detenciones, autoconfesiones y acusaciones por “repentino arrepentimiento” sin firma de abogados ni control forense ni habeas corpus que pudieran garantizar que esas personas habían ido a arrepentirse a ese enorme centro de tortura porque les encantaba ir a las violentas cárceles franquistas. Más tarde aquellas víctimas de las autoconfesiones tuvieron en sus manos aquellos expedientes penales franquistas, comprobando que los sucesos de la autoinculpación eran ficticios, imposibles de ocurrir como estaban relatados. Por su resultado, las columnas policiales y judiciales franquistas se promocionaron con la falsa seguridad en el mejor ambiente propiciado por los militares asesinos, y donde los empresarios colaboradores obtenían indemnizaciones de los seguros e influencias políticas de promoción económica.

La policía fuerza a Fernández y a otra persona a salir corriendo desde el interior de un bar, tiroteando al aire en esa calle para conducirlos a la calle Valverde, la mas discreta. El dispositivo de ejecución de Valverde dispara por la espalda a Fernández. La víctima cae herida entre dos coches aparcados. Vuelven a dispararle por la espalda y tambien en la nuca a cañon tocante. El lugar del asesinato estaba lleno de marcas. De la calzada levantan al asesinado frente al nº 40, depositandole en la acera frente al nº 42 de Valverde. Al girar el cuerpo del muerto en el aire para ponerle boca arriba en la acera, un chorro de sangre caliente salió del agujero de la nuca quedando contracorriente, mientras que a favor de la corriente la acera estaba seca de líquidos. Mover el cuerpo hacia la cuesta arriba ya no era posible por los rastros de sangre visibles de la espalda y nuca en el depósito artificial. Sobre el lugar original del crimen situan un Land Rover policial, con testigo luiminoso en el techo, tapando las marcas del asesinato. Realizan una sola foto publicitaria desde un ángulo conveniente para identificar al “delincuente” buscado por la Columna Judicial Franquista.

De Columna a Columna, de policía a periodista, difunden que Fernández Martín se suicidó con su propia arma. Para ello le colocan un arma y esparcen alrededor casquillos. Se equivocaron porque el arma que le situan estaba inutilizada y los casquillos eran de otras circunstancias y tiempos. Por la pericial de balística, todas las balas dentro el cuerpo de Fernández corresponden a armas policiales. El informe forense descartó el suicidio.
Metidos en el verano de 1975, evitando la suma internacional de este asesinato a los cinco fusilados del FRAP y de ETA el dia 27-09-1975, deciden que el expediente completo del asesinato de Fernández por ley de fugas desaparezca del Juzgado nº 1 de Madrid, pero queda la reseña de su instrucción en ese juzgado. Del Registro Civil también desaparece la inscripción del fallecimiento y el certificado forense. El cuerpo de José Fernández Martín también esta desaparecido. Para mantener el secreto, las Columnas acuerdan perseguir penalmente a las personas inocentes relacionadas con el asesinado.
Cinco juzgados madrileños tenían intereses penales con Fernández desde noviembre de 1974, más el nº 1 de su asesinato, más el Juzgado de Distrito por la defunción ocultada. Tenemos que sumar al menos otros dos juzgados penales por nuevas causas a Fernández en los 4 meses de su busca y captura. A este mínimo de 8 juzgados, sumamos las secciones de la Audiencia Provincial de Madrid correspondientes a los mismos, con un promedio de 4 secciones, sumando 12 magistrados de la Audiencia a los 8 jueces involucrados. Los juzgados estaban obligados a informar a sus audiencias de las causas instruidas y sus vicisitudes, entre ellas el informe forense del asesinato de José Fernández Martín para el cierre del expediente penal por fallecimiento.
Todos los juzgados y tribunales madrileños estaban emplazados en Las Salesas, edificación céntrica madrileña, mostrada aquí en tres fotografías. Por los amplios salones y largos pasillos, abogados y procuradores comentaban el asesinato de Fernández, transcendiendo a las cárceles. Todo el poder judicial conocía el asesinato, también las personas inocentes secuestradas por esa relación. La jurisdicción estaba bajo la autoridad del órgano disciplinario político llamado Inspección de Tribunales.

Dos años después, estos jueces criminales fueron los encargados de aplicar la Ley de Amnistía 46/1977 por crímenes del franquismo. Se amnistiaron a sí mismos y dejaron en prisión a sus victimas o con los cargos de los crímenes judiciales. Fueron obligados a amnistiar a quienes habian luchado organizadamente contra el franquismo, a los activos que eran muy pocos. No amnistiaron a las victimas pasivas, que eran la mayoria, porque se delatarian ellos mismos como criminales. No se acostaron dictadores y se levantaron democratas. Eran juez y parte porque los delitos que declara la Ley 46/77 amnistiados se mantuvieron vigentes y actualmente continuan lesionando a sus victimas. Los crimenes del franquismo son imprescriptibles.

Un estado de derecho que no respeta el derecho no es un estado de derecho, es un estado criminal.

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